OPINIÓN
Gato escondido contra el cine argentino
Por Susana Velleggia *
El FFC (Fondo de Fomento Cinematográfico) se conforma, entre otros aportes eventuales variables, por aportes fijos establecidos en porcentajes por tres leyes sancionadas por el Congreso de la Nación en: 1968, Art. 24 de la Ley de Cine 17.741 que lo crea; 1994, Art. 24 de la Ley 24.377 que transforma al Instituto de Cine en el actual Incaa (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales) y octubre de 2009 cuando se sanciona por mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso de la Nación la LSCA 26.522. No puede adjudicarse a un gobierno de un signo político particular la política de fomento cinematográfico, ya que ella es una de las pocas, sino la única, política cultural de Estado de la Argentina. La LSCA vino a reemplazar el oprobioso decreto-ley 22.285 promulgado en 1980 por la última dictadura, que siguió rigiendo a la radiodifusión, con decenas de parches modificatorios efectuados por DNU durante el menemismo, a fin de facilitar la concentración multimedia. La sanción de la LSCA tuvo lugar después de audiencias públicas que constituyen un inédito proceso participativo de democracia directa que comprendió al país entero y fue motivo de elogiosos comentarios de diversos organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, así como de la CIDH de la OEA. La ley, además de ratificar el aporte al FFC del 25% de la recaudación en concepto de gravámenes a la facturación por publicidad –directa e indirecta– de los canales de televisión y fijar las escalas que aplicará la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) a las diferentes tipologías de emisoras, aclara que “El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 97.”1
